El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia el laberinto en el que se ven inmersas las personas migrantes en la Frontera Sur
- En el nuevo informe ‘Sacar del Laberinto’, SJM denuncia el conjunto de barreras jurídicas y administrativas que atrapan a las personas migrantes, especialmente a los solicitantes de protección internacional o los menores extranjeros no acompañados, en el contexto fronterizo de Melilla.
- Las malas prácticas en materia de devoluciones sumarias, identificación, acceso a la asistencia letrada, interpretación e información, suponen una ausencia de garantías para la protección de los derechos de las personas migrantes.
- La política de cierre y externalización de fronteras en la UE ha impulsado las llegadas por mar, que en el contexto de la frontera desdibujan los límites entre las obligaciones de rescate y los procedimientos de devolución.
Madrid, 29 de noviembre de 2018. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado este jueves su nuevo informe sobre Frontera Sur: ‘Sacar del Laberinto’. Esta publicación analiza el contexto migratorio en la ciudad de Melilla, y reflexiona sobre una serie de prácticas y barreras administrativas que tejen un laberinto en el que las personas migrantes se ven atrapadas, frustrando la regularización de su proyecto migratorio.
Sufrimiento físico y psicológico
SJM es testigo del sufrimiento físico y psicológico que generan las vallas y las otras barreras disuasorias a las personas migrantes. Conforme avanzan las políticas europeas para el cierre y la externalización de las fronteras, es notorio el aumento de las llegadas por mar en España. Esta realidad no es ajena a Melilla, donde son trasladadas las personas interceptadas en las operaciones policiales en aguas costeras española cercanas a la ciudad autónoma y las que han desembarcado en las Islas Chafarinas. Emerge una nueva casuística en la que las prácticas policiales desdibujan los límites entre las operaciones y obligaciones de rescate y los procedimientos de devolución.
Falta de transparencia y garantías
Al igual que sucede en fronteras terrestres, la falta de transparencia y de garantías suficientes en los procedimientos de devolución constituyen un primer laberinto en la garantía de los derechos de las personas migrantes. Una asistencia letrada y sanitaria insuficientes, la ausencia de información clara y accesible en materia de protección internacional, o la falta de intérpretes, entre otros elementos, imposibilitan la identificación y protección de personas vulnerables (menores, víctimas de la trata, la violencia o la persecución).
La opacidad en los procesos de devolución dificulta la observación de las devoluciones en caliente y la aplicación cada vez más frecuente del Acuerdo Bilateral con Marruecos. El SJM insiste en la derogación de la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería (LO 4/2000) en virtud de la sentencia del TEDH condenando a España por la práctica de devoluciones sumarias, y en la necesidad de tomar medidas eficaces para que las garantías procedimentales y los derechos no sean papel mojado.
Entre las situaciones que afectan a las personas solicitantes de protección internacional en Melilla, destaca que no pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos que les amparan. Afrontan mayores barreras en el acceso al procedimiento, no acceden a los derechos materiales de acogida reconocidos en la legislación, y no se les permite el traslado a otro lugar donde poder ejercerlos. La jurisprudencia ha señalado recientemente que limitar la libertad de movimiento de las personas solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla a territorio peninsular supone una vulneración de sus derechos fundamentales.
Por otro lado, siguen preocupando seriamente las deficiencias en los procedimientos de identificación de menores y las barreras administrativas en al acceso de los menores extranjeros no acompañados a sus derechos. En concreto, en cuanto a la adecuada protección y acceso a documentación, SJM identifica una situación límite en los centros de menores tutelados y trabas administrativas en el proceso de acceso a la documentación de los jóvenes que salen de la tutela administrativa al cumplir la mayoría de edad.
SJM lleva trabajando en Melilla con una oficina permanente que fue abierta en junio de 2016, en la que se presta orientación jurídica a las personas migrantes usuarias, se realizan trámites con la Administración y se ejerce el litigio estratégico y la observación de DDHH. Desde entonces se han acompañado más de 800 personas. Muchas de ellas tienen perfiles de gran vulnerabilidad, como familias separadas, matrimonios mixtos, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes ex-tutelados, menores extranjeros no acompañados, o solicitantes de asilo de perfil LGTBI.
Para más información y/o entrevistas, contacto con Daniel Martínez en comunicacion@sjme.org o
+34 686 270 634.
