Prórroga en renovación de permisos de residencia

Prórroga en la renovación de documentación en extranjería

NOTA DE PRENSA

SJM valora de forma positiva la prórroga de permisos de residencia y trabajo a personas migrantes

La decisión adoptada por el Ejecutivo supone un paso fundamental para evitar la irregularidad sobrevenida y situaciones de incertidumbre y angustia. 

  • Esta prórroga debe suponer una oportunidad para dotar de recursos suficientes a los órganos administrativos y flexibilizar los requisitos de renovación para que esta medida no sea una solución efímera.

Madrid, a 20 de mayo de 2020. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) valora muy positivamente la adopción por parte del Gobierno de España de la Orden SND/421/2020, por la que se aprueban medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España. 

Se trata de un pliego de medidas necesarias y urgentes para las circunstancias excepcionales ante las que se enfrentan, específicamente, las personas migrantes con autorización de residencia en España. Un paso fundamental del Ejecutivo para evitar la irregularidad sobrevenida ante la que estaban abocadas miles de personas, por causas de fuerza mayor no atribuibles a ellas.

La prórroga de 6 meses de una amplia gama de autorizaciones de residencia y tarjetas de residencia que han caducado en estos últimos meses es una decisión esencial para eliminar la situación de inseguridad jurídica y angustia en que se encontraban miles de personas en nuestro país. Angustia que, según numerosos casos que SJM ha acompañado, tenía un impacto en su cotidianidad, poniéndose de manifiesto incluso su miedo a salir de sus casas por las potenciales consecuencias sobre su futuro en España.

SJM celebra la adopción de medidas específicas para los miles de personas, residentes legales en el país, que se habían quedado atrapadas fuera de nuestras fronteras tras la declaración del estado de alarma. Se trata de un grupo de personas que llevan semanas acarreando una enorme incertidumbre sobre las condiciones para volver a España y que hoy encuentran respuesta.

Esta medida debería dar pie al Gobierno de España a aprovechar la ventana de oportunidad de los próximos 6 meses para preparar y dotar de recursos a los órganos administrativos encargados de la atención a extranjeros, tramitación de procedimientos y documentación para responder de forma eficaz en la nueva fase que se inicia en diciembre de 2020, con la alta concentración de solicitudes de renovación que se presentarán.

A su vez, tal y como propuso SJM el 4 de mayo en el Decálogo de medidas para combatir la irregularidad administrativa, se recomienda al Gobierno adoptar medidas de flexibilización de los requisitos de renovación de las autorizaciones de residencia y/o residencia y trabajo futuras. De lo contrario, las medidas adoptadas hoy serán únicamente una prórroga efímera de la situación regular de numerosas personas migrantes.

Puedes descargar una presentación explicativa aquí: Presentación

Agradecemos gesto solidario

 

Agradecemos gesto solidario de ciudadanía

Claver-SJM colabora con una iniciativa privada, que ha querido compartir alimentos con algunas personas especialmente afectadas por la crisis del COVID-19. Agradecemos este gesto solidario que nos compromete a seguir trabajando en el acompañamiento integral de las personas.

Nuestra asociación viene acompañando estos días telemáticamente a las personas y familias,  vamos recibiendo llamadas, la mayoría acerca de situaciones vinculadas a temas laborales, mujeres con miedo a salir por su situación irregular,  otras con la incertidumbre agravada por la pérdida del trabajo, dudas de cómo poder acceder a servicios sociales. Muchas han venido escapando de situaciones de violencia. Cuando vemos cómo las personas se animan a compartir con gestos como estos, sentimos que con esas pequeñas cosas es posible transformar la vida de las personas y valoramos que la ciudadanía sea partícipe. GRACIAS!!

 

 

 

 

Mujeres migrantes y cuidados

Mujeres migrantes y cuidados, ellas están aunque para aquellas en situación irregular se torne mucho más difícil. Compartimos el reportaje que visibiliza a las mujeres, que se expresan en primera persona.

Fabiana (nombre ficticio) sale de su casa un poco antes de las nueve de la mañana para dirigirse a pie hasta su trabajo en un municipio canario. Lo hace en alerta, un poco nerviosa. Esta joven de un país de Latinoamérica acude a una vivienda en la que cuida a una persona mayor, a la que le hace la comida, le da su medicación y la acompaña durante doce horas. Esta rutina la ha seguido un día a la semana durante el estado de alarma. Fabiana es esencial en el hogar en el que trabaja pero se convierte en una persona expulsable desde que pone un pie en la calle. Se encuentra en situación irregular, pero su caso no es el único ya que miles de mujeres migrantes sin papeles han cuidado a personas de la tercera edad durante el confinamiento arriesgándose a ser paradas por la policía.

Se estima que en España hay 200.000 mujeres extranjeras sin papeles trabajadoras del hogar, según datos de Comisiones Obreras y UGT. En este sector de por sí precarizado, ya que muchas empleadas cobran menos del salario mínimo y no tienen derecho a paro, hay subgrupos incluso más vulnerables. En primer lugar están las extranjeras, y entre ellas, quienes se llevan la peor parte son las que están en situación irregular. El periodo de pandemia ha conseguido visibilizar su labor esencial de cuidados y, al mismo tiempo, avivar el temor de muchas de estas mujeres a salir a la calle y a tener que enseñar su documentación.

«El primer día [del estado de alarma] que fui a trabajar me encontré un coche de la policía y me asusté. Me dije: ¡aquí ya!, pero no me dijeron nada. Iba al trabajo con miedo, sin acercarme a la gente, viendo si estaba la policía», recuerda Fabiana, quien además ya había pensado una excusa por si un agente le preguntaba a dónde iba. Una joven hondureña que trabaja como interna expresa que sentía el mismo miedo a salir cuando iba a visitar a sus tres hijos menores a cargo de un adulto. «Aunque yo solo tenía que cruzar una calle, he tenido miedo, iba a la ligera. La verdad es que tenemos bastante temor».

Carolina Elías, la presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo ( SEDOAC), subraya que el hecho de que una persona sea parada por la policía en lo que ella llama una «redada racista» supone una experiencia muy dura y traumática que ha dejado graves secuelas a quien la sufre, incluso antes del estado de alarma. «Son redadas racistas porque aunque la policía diga que le piden papeles a todas las personas, el 99% de las personas que detienen tienen rasgos extranjeros, no son mujeres blancas», denuncia. Una opinión muy parecida la sostiene Sylvia Villalba, la responsable de la Asociación Claver de Sevilla, que apunta a que este temor no es infundado puesto que han notificado durante el confinamiento a una mujer que ahora mismo está en shock sin poder afrontar esta situación. «Recibimos el caso de una señora que fue a tirar el basura, le alcanzó la policía y le dieron una orden de expulsión. Y la familia con la que trabajaba, como ella está en situación irregular, dijo que no quería meterse en problemas y la despidió».

Elías también cuenta que hay una trabajadora que está a la espera de que no le llegue la orden de expulsión. En esta ocasión tuvo que ser la propia empleada la que acudió a la policía a interponer una denuncia en pleno estado de alarma. «La chica decidió quedarse a cuidar a la señora mayor pero le pidió a las hijas una retribución por quedarse las 24 horas ahí. Una de ellas le gritó, la insultó, le dijo que la estaban manteniendo, cuando en realidad ella estaba ateniendo a la señora, de manera que la hija no tenia que desplazarse a cuidarla. Lo peor es que la hija terminó golpeándola con el palo de la fregona y la chica tuvo que denunciarla. Y como no tiene papeles, cuando fue a la policía le dijeron: Es que sin papeles podemos tramitarle el expediente de expulsión».

Colectivos antirracistas como SEDOAC reclaman una regularización extraordinaria para las personas sin papeles
Colectivos antirracistas como SEDOAC reclaman una regularización extraordinaria para las personas sin papeles SEDOAC

Para reducir al máximo este riesgo, muchas empleadas han optado por trabajar en régimen de internas, y aquellas que ya lo eran, descansando a la semana 36 horas, han decido hacer confinamiento total en las casas en las que trabajan. En otros casos, han sido obligadas por sus empleadores. Esta situación supone, según diversos colectivos de mujeres extranjeras empleadas del hogar, una sobrecarga emocional, física y psíquica al trabajar prácticamente 24 horas al día sin poder desconectar. «Algunas están desarrollando agorafobia, como el caso de una compañera que salió a la farmacia y cuando regresaba le costaba respirar, las piernas se le entumecieron y le dio diarrea», desvela Elías, que además subraya el «machaque emocional» que están padeciendo en familias ya de por sí estresadas por esta situación o por cuidar a personas con alzhéimer o algún otro tipo de demencia.

«Me dolía la cabeza, el cuello, sentía palpitaciones en el pecho y me alteraba fácilmente», confiesa una empleada paraguaya de Gran Canaria que ha estado 49 días encerrada con la persona a la que cuida, una mujer con una discapacidad intelectual. «Sentía que ya no podía más, quería salir corriendo. Esto me superaba», exclama. Ha estado trabajando 24 horas al día ya que por la noche la mujer a la que cuida se despierta y hay que estar pendiente de ella. En su caso, fue su empleadora quien le pidió que no saliera porque temía que trajera el virus a la casa y, al mismo tiempo, confiesa que tampoco hubiera ido a la calle al no disponer de documentación.

Además, las trabajadoras internas también han visto que sus tareas se han multiplicado en época de confinamiento. «Hay una chica contratada para cuidar a un señor mayor y con la pandemia se ha metido en la casa la hija, a quien le ha tenido que lavar la ropa y hacerle la comida. Hasta que la empleada se rebeló y dijo que solo la habían contratado para cuidar al señor y que era injusto que si, además de no pagarle un extra al tener que estar encerrada los fines de semana, encima se le había multiplicado el trabajo», señala Elías.

La Ley de Extranjería, en el centro de sus reivindicaciones

Los colectivos que trabajan con mujeres migrantes en el sector de cuidados coinciden en que la pandemia ha agravado una realidad plagada de adversidades. Uno de los principales riesgos que toman estas mujeres es a sufrir algún tipo de agresión sexual. Claudia Favela, técnica de la Fundación Ellacuria, describe que al estar en situación irregular estas mujeres acuden a la vía informal para buscar trabajo, lo que las expone con mayor probabilidad a situaciones de violencia. Tienen constancia de casos en los que las mujeres han recibido «llamadas lascivas» o han sufrido algún intento de agresión sexual cuando se han presentado en la entrevista de trabajo. «Esto nos dice en qué punto de vulnerabilidad están por no tener reconocido su derecho al trabajo y por no poder hacerlo por los cauces que den una mayor protección», sentencia.

Elías alerta de que estas situaciones ocurren más de lo que la sociedad imagina y que demuestran cómo puede entremezclarse de manera trágica ser mujer y no tener papeles. Esto lo constata también el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) `Visibilizar lo invisible, que especifica que un 40% de las mujeres encuestadas reconoce que la han obligado a hacer trabajos que no le corresponden y, entre otras cosas, se incluye el acoso sexual.

«Tenemos el caso de una compañera que sufrió una agresión sexual del jefe. Ella quería salir de ahí y el abogado que le tramita sus papeles le dijo que no denunciara porque la podían echar del país. Ella se encerró en su habitación una noche, tenía mucho miedo. Durante el día el jefe se sentaba en frente de ella mientras planchaba y él se masturbaba. Los problemas son no tener papeles, ser mujer y no tener redes de apoyo. Es horroroso», se lamenta Elías.

Pero además, las empleadas del hogar migrantes sin contrato o con él, se enfrentan a más vulneraciones de derechos, como aquellos relacionados con el pago de salarios bajos por largas jornadas de trabajo. Elías denuncia la existencia de una mentalidad «de lo barato, de lo que está en oferta, donde menos se gaste». Sostiene que hay muchos empleadores que en la entrevista solicitan a una mujer sin papeles porque no quieren pagar la seguridad social. «Hay muchos que no pueden hacerlo y lo reconocemos, sobre todo aquellas personas mayores con pensiones muy bajas. Pero lo que sucede es que no tiene que ser que los cuerpos de las mujeres migrantes sin papeles den la solución, tiene que ser el Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar cuidados de calidad a sus mayores, pero a la vez tiene que dar condiciones justas y dignas de trabajo.», sostiene Elías.

Villalba traza un perfil genérico según la procedencia de las mujeres. Muchas de las que han llegado recientemente son de Centroamérica que huyen de la violencia ejercida por las maras. Aunque también las hay de otros países del continente americano. Y del mismo modo que en la situación de pandemia hay varias dimensiones de vulnerabilidad, dentro del sector de los cuidados las que más discriminación racial reciben son las mujeres árabes y las mujeres negras. Elías asegura que hay «un odio hacia la piel negra» y cuenta que en ocasiones reciben expresiones despectivas en sus trabajos acerca de sus cuerpos.

La portavoz de SEDOAC apunta a la doble moral que subyace en toda esta problemática. «Somos importantes porque cuidamos lo que más aman pero a las que cuidamos no nos valoran. Es impresionante porque lo primero que dicen es que les consigas una chica de confianza, que sea buena, que tenga carné de conducir… pero prácticamente ninguno dice que va a pagar lo que corresponde. Esto pasa en todo el mundo, pero en nuestro caso como inmigrantes se suma la Ley de Extranjería. Ese es nuestro problema».

El marco jurídico español también se encuentra en el centro de las reivindicaciones para Villalba, quien denuncia que las personas extranjeras tienen que esperar tres años para regularizar su estatus. «Con la ley estamos atadas de pies y manos porque aunque haya una familia que quiera contratar, no puede hacerlo». Elías lamenta que la Ley de Extranjería haya naturalizado y favorecido estas prácticas y por eso reclama una modificación de una normativa que considera «racista». Añade que el Estado y la sociedad española tienen una deuda con la población migrante que realiza trabajos que los nacionales no quieren hacer. «¿Quién acepta ganar menos del salario mínimo, trabajar de 14 a 16 horas diarias, descansar 36 horas a la semana, para colmo recibir menosprecios y ser tratada como una esclava? Nadie. Ese es el problema, que el sector es mayoritariamente feminizado y de personas migrantes. Con y sin papeles hay discriminación, pero sin papeles es peor todavía». Por ello, para reivindicar sus derechos, alrededor de 200 colectivos antirracistas han lanzado durante el estado de alarma la campaña Regularización Ya para conseguir que se regularice de manera extraordinaria a todas las personas migrantes que no tiene permiso de residencia o trabajo.

«Si hubiera tenido papeles la situación hubiera sido diferente, más tranquila». Fabiana regresa a su casa después de doce horas de trabajo. Durante el trayecto de 10 minutos desea no encontrarse con un coche de policía. Entra en casa y respira aliviada: «Gracias a dios llegué bien», suspira.

Tomado del reportaje publicado por  – Las Palmas de Gran Canaria, en eldiario.es

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/mujeres-esenciales-limpiadoras-cuidadoras-pandemia-Espana_0_1026097849.html

No retomar el internamiento en los CIE cuando acabe la pandemia

    • El SJM reclama al Gobierno, mediante una recogida de firmas, que no retome la actividad de los centros de internamiento al finalizar la alarma.

 

  • Existe inquietud sobre las capacidades de los centros de tomar medidas efectivas de prevención al contagio y sobre la política de internamiento

 

Madrid, miércoles 13 de mayo de 2020. El Servicio Jesuita a Migrantes, red de la que forma parte Claver SJM apela al Gobierno de España y al Poder Judicial a ejercer su responsabilidad al finalizar la pandemia y no recurrir al internamiento de personas extranjeras en CIE, que desde el pasado 6 de mayo están totalmente vacíos. Para recabar el apoyo de la sociedad civil a la reivindicación de alternativas a la privación de libertad, se ha puesto en marcha una campaña de firmas en el portal Visibles.org

La coyuntura actual sobre la vuelta a la actividad en CIE en el escenario de desescalada es incierta y poco esclarecedora, generando inquietud por la política de internamiento que se llevaría a cabo. Interior ha declarado que los ingresos dependerán de la reapertura de fronteras internacionales y la posibilidad efectiva de ejecutar órdenes de expulsión. En cualquier caso, el internamiento debería ser el último recurso en todo procedimiento de expulsión, al ser una medida cautelar con unos estrechísimos márgenes de constitucionalidad porque el ordenamiento jurídico prevé medidas alternativas. En los procesos de devolución, la ley exigiría el internamiento si no se puede ejecutar en 72 horas. Sin embargo, en la práctica, se ha revelado una medida profundamente injusta, arbitraria, aleatoria, que no toma en cuenta las situaciones de vulnerabilidad particulares que desaconsejan solicitar autorización de internamiento, como en el caso de menores de edad, personas necesitadas de protección internacional, personas con enfermedades mentales o aquellas cuya devolución se anticipa imposible.

Por otro lado, surgen dudas sobre si los centros tendrían la capacidad para implantar medidas de distanciamiento y prevención higiénica suficientes, dadas las continuas deficiencias estructurales y de servicios que organizaciones sociales, Defensor del Pueblo y juzgados de control han venido denunciando durante los últimos años. Recientemente, el juzgado de control del CIE de Murcia ha dictado un auto (ver documento) estableciendo limitaciones de ocupación para prevenir contagios. Una aportación plausible, pero que exigiría a la Administración un gran esfuerzo económico para acondicionar los centros. Al inicio del estado de alarma, se detectó un caso positivo por coronavirus en el CIE de Gran Canaria, lo que llevó al juzgado de control a emitir un auto (ver documento) instando al vaciamiento del centro ya que las condiciones inadecuadas ponían en riesgo la salud pública, tanto de internos como del personal. Hay alternativas menos lesivas para los derechos humanos que el internamiento y además menos gravosas para el bolsillo de los contribuyentes.

Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, el progresivo vaciamiento de los CIE ha respondido a dos criterios: la imposibilidad de expulsar o devolver a las personas extranjeras por el cierre de fronteras, y el riesgo para la salud y la vida de los internos y del personal de servicio en los CIE. Dos autoridades han sido clave en este progresivo cese de internamiento: por un lado, la Comisaría General de Extranjería, impartiendo instrucciones para que la Policía Nacional no solicitara autorizaciones de internamiento mientras permanecen cerradas las fronteras; por otro lado, la Fiscalía de Extranjería, instando a sus fiscales (ver instrucción interna) a informar de forma desfavorable las solicitudes de autorización de internamiento que pudieren llegar.

Se empezó poniendo en libertad a quien contaba con domicilio propio o redes de apoyo. Los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se coordinaron para realojar en centros de acogida humanitaria a las personas internas que no los tenían. Fue destacada la intervención del Defensor del Pueblo, de los juzgados de control de estancia en los CIE respectivos, y de la sociedad civil. Sin embargo, algunas personas fueron puestas en libertad desde el CIE de Aluche en Madrid sin medidas preventivas y sin redes de apoyo local, teniendo que dormir en estaciones de autobús y vagando a la intemperie. A pesar de estos hechos, España ha destacado en Europa por su buena práctica durante la crisis del COVID-19 de la progresiva puesta en libertad de las personas extranjeras internadas. 

En todo caso, sería más justo que el Gobierno de España deje de valerse del internamiento como medida cautelar. En este sentido, el SJM apela a las instituciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial a detener el internamiento. Si estas autoridades no atienden al llamamiento general, el SJM insiste en que impartan instrucciones para que determinadas categorías de personas en situación de vulnerabilidad no sean internadas bajo ningún concepto:

  • Jóvenes cuya mayoría de edad no quede fehacientemente probada, optando por la protección debida a los menores cuando la horquilla de edad que resulte de la prueba comprenda los 18 años.
  • Personas necesitadas de protección internacional, a las que debería facilitarse la manifestación de voluntad de solicitarla ya en las primeras labores de identificación tras su entrada en territorio español.
  • Personas con indicios de padecer algún problema de salud física o mental.
  • Personas que cuentan con arraigo familiar y social, domicilio propio o redes de apoyo.
  • Personas con indicios de haber sido objeto de trata.

La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 puede tener efectos importantes en los movimientos migratorios. Conforme se alargó la última crisis, España fue más país de emigración y de tránsito que de inmigración. Es probable que suceda lo mismo. La prolongación de las situaciones de paro entre personas extranjeras con autorización de residencia temporal puede aumentar los casos de irregularidad sobrevenida. Es tiempo de diseñar y aplicar políticas que amortigüen el impacto de la crisis y que impidan la irregularidad sobrevenida, tal y como ha expresado SJM en un decálogo de propuestas administrativas. No es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento como demostración de fuerza que solo tranquiliza a la opinión pública en el país. Los nuevos tiempos demandan nuevas políticas.

Para más información y/o entrevistas, contactar con Daniel Martínez en el 686 270 634 o en comunicacion@sjme.org