Fabiana (nombre ficticio) sale de su casa un poco antes de las nueve de la mañana para dirigirse a pie hasta su trabajo en un municipio canario. Lo hace en alerta, un poco nerviosa. Esta joven de un país de Latinoamérica acude a una vivienda en la que cuida a una persona mayor, a la que le hace la comida, le da su medicación y la acompaña durante doce horas. Esta rutina la ha seguido un día a la semana durante el estado de alarma. Fabiana es esencial en el hogar en el que trabaja pero se convierte en una persona expulsable desde que pone un pie en la calle. Se encuentra en situación irregular, pero su caso no es el único ya que miles de mujeres migrantes sin papeles han cuidado a personas de la tercera edad durante el confinamiento arriesgándose a ser paradas por la policía.

Se estima que en España hay 200.000 mujeres extranjeras sin papeles trabajadoras del hogar, según datos de Comisiones Obreras y UGT. En este sector de por sí precarizado, ya que muchas empleadas cobran menos del salario mínimo y no tienen derecho a paro, hay subgrupos incluso más vulnerables. En primer lugar están las extranjeras, y entre ellas, quienes se llevan la peor parte son las que están en situación irregular. El periodo de pandemia ha conseguido visibilizar su labor esencial de cuidados y, al mismo tiempo, avivar el temor de muchas de estas mujeres a salir a la calle y a tener que enseñar su documentación.

«El primer día [del estado de alarma] que fui a trabajar me encontré un coche de la policía y me asusté. Me dije: ¡aquí ya!, pero no me dijeron nada. Iba al trabajo con miedo, sin acercarme a la gente, viendo si estaba la policía», recuerda Fabiana, quien además ya había pensado una excusa por si un agente le preguntaba a dónde iba. Una joven hondureña que trabaja como interna expresa que sentía el mismo miedo a salir cuando iba a visitar a sus tres hijos menores a cargo de un adulto. «Aunque yo solo tenía que cruzar una calle, he tenido miedo, iba a la ligera. La verdad es que tenemos bastante temor».

Carolina Elías, la presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo ( SEDOAC), subraya que el hecho de que una persona sea parada por la policía en lo que ella llama una «redada racista» supone una experiencia muy dura y traumática que ha dejado graves secuelas a quien la sufre, incluso antes del estado de alarma. «Son redadas racistas porque aunque la policía diga que le piden papeles a todas las personas, el 99% de las personas que detienen tienen rasgos extranjeros, no son mujeres blancas», denuncia. Una opinión muy parecida la sostiene Sylvia Villalba, la responsable de la Asociación Claver de Sevilla, que apunta a que este temor no es infundado puesto que han notificado durante el confinamiento a una mujer que ahora mismo está en shock sin poder afrontar esta situación. «Recibimos el caso de una señora que fue a tirar el basura, le alcanzó la policía y le dieron una orden de expulsión. Y la familia con la que trabajaba, como ella está en situación irregular, dijo que no quería meterse en problemas y la despidió».

Elías también cuenta que hay una trabajadora que está a la espera de que no le llegue la orden de expulsión. En esta ocasión tuvo que ser la propia empleada la que acudió a la policía a interponer una denuncia en pleno estado de alarma. «La chica decidió quedarse a cuidar a la señora mayor pero le pidió a las hijas una retribución por quedarse las 24 horas ahí. Una de ellas le gritó, la insultó, le dijo que la estaban manteniendo, cuando en realidad ella estaba ateniendo a la señora, de manera que la hija no tenia que desplazarse a cuidarla. Lo peor es que la hija terminó golpeándola con el palo de la fregona y la chica tuvo que denunciarla. Y como no tiene papeles, cuando fue a la policía le dijeron: Es que sin papeles podemos tramitarle el expediente de expulsión».

Para reducir al máximo este riesgo, muchas empleadas han optado por trabajar en régimen de internas, y aquellas que ya lo eran, descansando a la semana 36 horas, han decido hacer confinamiento total en las casas en las que trabajan. En otros casos, han sido obligadas por sus empleadores. Esta situación supone, según diversos colectivos de mujeres extranjeras empleadas del hogar, una sobrecarga emocional, física y psíquica al trabajar prácticamente 24 horas al día sin poder desconectar. «Algunas están desarrollando agorafobia, como el caso de una compañera que salió a la farmacia y cuando regresaba le costaba respirar, las piernas se le entumecieron y le dio diarrea», desvela Elías, que además subraya el «machaque emocional» que están padeciendo en familias ya de por sí estresadas por esta situación o por cuidar a personas con alzhéimer o algún otro tipo de demencia.

«Me dolía la cabeza, el cuello, sentía palpitaciones en el pecho y me alteraba fácilmente», confiesa una empleada paraguaya de Gran Canaria que ha estado 49 días encerrada con la persona a la que cuida, una mujer con una discapacidad intelectual. «Sentía que ya no podía más, quería salir corriendo. Esto me superaba», exclama. Ha estado trabajando 24 horas al día ya que por la noche la mujer a la que cuida se despierta y hay que estar pendiente de ella. En su caso, fue su empleadora quien le pidió que no saliera porque temía que trajera el virus a la casa y, al mismo tiempo, confiesa que tampoco hubiera ido a la calle al no disponer de documentación.

Además, las trabajadoras internas también han visto que sus tareas se han multiplicado en época de confinamiento. «Hay una chica contratada para cuidar a un señor mayor y con la pandemia se ha metido en la casa la hija, a quien le ha tenido que lavar la ropa y hacerle la comida. Hasta que la empleada se rebeló y dijo que solo la habían contratado para cuidar al señor y que era injusto que si, además de no pagarle un extra al tener que estar encerrada los fines de semana, encima se le había multiplicado el trabajo», señala Elías.

La Ley de Extranjería, en el centro de sus reivindicaciones

Los colectivos que trabajan con mujeres migrantes en el sector de cuidados coinciden en que la pandemia ha agravado una realidad plagada de adversidades. Uno de los principales riesgos que toman estas mujeres es a sufrir algún tipo de agresión sexual. Claudia Favela, técnica de la Fundación Ellacuria, describe que al estar en situación irregular estas mujeres acuden a la vía informal para buscar trabajo, lo que las expone con mayor probabilidad a situaciones de violencia. Tienen constancia de casos en los que las mujeres han recibido «llamadas lascivas» o han sufrido algún intento de agresión sexual cuando se han presentado en la entrevista de trabajo. «Esto nos dice en qué punto de vulnerabilidad están por no tener reconocido su derecho al trabajo y por no poder hacerlo por los cauces que den una mayor protección», sentencia.

Elías alerta de que estas situaciones ocurren más de lo que la sociedad imagina y que demuestran cómo puede entremezclarse de manera trágica ser mujer y no tener papeles. Esto lo constata también el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) `Visibilizar lo invisible, que especifica que un 40% de las mujeres encuestadas reconoce que la han obligado a hacer trabajos que no le corresponden y, entre otras cosas, se incluye el acoso sexual.

«Tenemos el caso de una compañera que sufrió una agresión sexual del jefe. Ella quería salir de ahí y el abogado que le tramita sus papeles le dijo que no denunciara porque la podían echar del país. Ella se encerró en su habitación una noche, tenía mucho miedo. Durante el día el jefe se sentaba en frente de ella mientras planchaba y él se masturbaba. Los problemas son no tener papeles, ser mujer y no tener redes de apoyo. Es horroroso», se lamenta Elías.

Pero además, las empleadas del hogar migrantes sin contrato o con él, se enfrentan a más vulneraciones de derechos, como aquellos relacionados con el pago de salarios bajos por largas jornadas de trabajo. Elías denuncia la existencia de una mentalidad «de lo barato, de lo que está en oferta, donde menos se gaste». Sostiene que hay muchos empleadores que en la entrevista solicitan a una mujer sin papeles porque no quieren pagar la seguridad social. «Hay muchos que no pueden hacerlo y lo reconocemos, sobre todo aquellas personas mayores con pensiones muy bajas. Pero lo que sucede es que no tiene que ser que los cuerpos de las mujeres migrantes sin papeles den la solución, tiene que ser el Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar cuidados de calidad a sus mayores, pero a la vez tiene que dar condiciones justas y dignas de trabajo.», sostiene Elías.

Villalba traza un perfil genérico según la procedencia de las mujeres. Muchas de las que han llegado recientemente son de Centroamérica que huyen de la violencia ejercida por las maras. Aunque también las hay de otros países del continente americano. Y del mismo modo que en la situación de pandemia hay varias dimensiones de vulnerabilidad, dentro del sector de los cuidados las que más discriminación racial reciben son las mujeres árabes y las mujeres negras. Elías asegura que hay «un odio hacia la piel negra» y cuenta que en ocasiones reciben expresiones despectivas en sus trabajos acerca de sus cuerpos.

La portavoz de SEDOAC apunta a la doble moral que subyace en toda esta problemática. «Somos importantes porque cuidamos lo que más aman pero a las que cuidamos no nos valoran. Es impresionante porque lo primero que dicen es que les consigas una chica de confianza, que sea buena, que tenga carné de conducir… pero prácticamente ninguno dice que va a pagar lo que corresponde. Esto pasa en todo el mundo, pero en nuestro caso como inmigrantes se suma la Ley de Extranjería. Ese es nuestro problema».

El marco jurídico español también se encuentra en el centro de las reivindicaciones para Villalba, quien denuncia que las personas extranjeras tienen que esperar tres años para regularizar su estatus. «Con la ley estamos atadas de pies y manos porque aunque haya una familia que quiera contratar, no puede hacerlo». Elías lamenta que la Ley de Extranjería haya naturalizado y favorecido estas prácticas y por eso reclama una modificación de una normativa que considera «racista». Añade que el Estado y la sociedad española tienen una deuda con la población migrante que realiza trabajos que los nacionales no quieren hacer. «¿Quién acepta ganar menos del salario mínimo, trabajar de 14 a 16 horas diarias, descansar 36 horas a la semana, para colmo recibir menosprecios y ser tratada como una esclava? Nadie. Ese es el problema, que el sector es mayoritariamente feminizado y de personas migrantes. Con y sin papeles hay discriminación, pero sin papeles es peor todavía». Por ello, para reivindicar sus derechos, alrededor de 200 colectivos antirracistas han lanzado durante el estado de alarma la campaña Regularización Ya para conseguir que se regularice de manera extraordinaria a todas las personas migrantes que no tiene permiso de residencia o trabajo.

«Si hubiera tenido papeles la situación hubiera sido diferente, más tranquila». Fabiana regresa a su casa después de doce horas de trabajo. Durante el trayecto de 10 minutos desea no encontrarse con un coche de policía. Entra en casa y respira aliviada: «Gracias a dios llegué bien», suspira.