Hoy 8 de junio el Servicio Jesuita a Migrantes ha lanzado el Informe de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 2o16 en Madrid. El acto se ha realizado en la oficina del Defensor del Pueblo en Madrid, han intervenido Miguel González, coordinador del SJM en España, Santiago Yerga, abogado de Pueblos Unidos, y Josep Buades, SJ, responsable de Estudios y Fronteras en la Asociación Claver de Sevilla. Los dos últimos han sido los principales coordinadores del informe.
Este informe anual se ha convertido, en los últimos años, en una referencia básica en el camino hacia la mejora de las condiciones de vida en los Centros de Internamiento de Extranjeros y es fruto de un trabajo en equipo de toda la red SJM.
Durante 2016 fueron internadas en CIE 7.597 personas, de las cuales fueron expulsadas el 29,02%. La cifra de internamiento supera a las de los dos años previos, pero el porcentaje de expulsión cae notablemente. Tres de cada cuatro internos procedían directamente de pateras llegadas a costas españolas. Un total de 51 menores fueron identificados en CIE, un número tres veces superior al del año pasado. De un total de 770 solicitudes de asilo presentadas en los CIE, solo se admitieron a trámite el 20%. Además, el número de mujeres internas aumentó un 13% respecto a 2015 hasta un total de 513. La duración media de estancia en los CIE fue de 24,47 días.
En España se ha repatriado a una media de 25,66 personas al día y se ha detenido por estancia irregular a una media diaria de casi 100 personas en 2016. Las cifras totales anuales han sido de 9.241 repatriaciones y 35.882 detenciones. Además, existe una gran desproporción entre el número de las órdenes de expulsión incoadas y ejecutadas, ya que se formalizan finalmente una por cada cinco incoadas. Un 42% de estas expulsiones ejecutadas fueron por una mera estancia irregular.
Son llamativas las altas cantidades de gasto público en materia de seguridad y control en CIE, mucho más elevadas que la inversión en atención social a los internos. Solo en obras de mejora de instalaciones se invirtieron más de 300.000 euros, mientras que en asistencia sanitaria la adjudicación anual fue de alrededor de 730.000 euros. Los beneficios económicos para las empresas que reciben adjudicaciones han aumentado de forma ostensible. Los contratos de suministros ascendieron a una suma total superior a 62.000 euros, mientras que la de alimentación de los centros fue de 8.250.000. Destacable es también el enorme contrato para el flete de vuelos de expulsión de migrantes, cuyo montante final fue de casi 12 millones. La asistencia social integral fue subvencionada a Cruz Roja por un total de 853.500 euros. Conviene recordar que la gestión en CIE sigue siendo exclusivamente policial.
En SJM contamos con un equipo de 45 personas que ha realizado un total de 1.741 visitas en 2016 acompañando a 658 personas en los CIE, a pesar incluso del cierre temporal en Barcelona y Valencia. De esos internos, dos de cada tres no fueron expulsados finalmente. En Estas visitas hemos podido constatar que el 42% de los visitados llevaban residiendo en España más de 10 años. Hasta un 36% de las personas visitadas son recién llegadas a España por mar. El porcentaje de mujeres visitadas respecto del total fue del 8,5%, ya que solo Madrid, Valencia y Algeciras cuentan con módulo femenino. La mayoría de visitados eran de nacionalidad argelina.
El SJM ha constatado durante 2016 múltiples incidentes relacionados con la situación de las personas internas en los CIE. Estos incidentes han generado diferentes resoluciones judiciales que han puesto de manifiesto la precariedad en las condiciones de internamiento.
Reiteramos desde el SJM, como ya hemos hecho en informes anteriores, el cierre de los CIE por este régimen actual. Reclamamos una mejora en las condiciones de internamiento y la necesidad de encontrar alternativas a la reclusión y a la expulsión como medidas previas a su cierre. Los CIE sirven para un fin distinto al que fueron creados, por ello pedimos centros de acogida, no de internamiento. Además, el papel de jueces, fiscales y abogados es esencial: reclamamos el fin del internamiento inmediato, ya que debería ser el último recurso; y demandamos una instancia superior judicial que unifique criterios dentro de la inestimable labor de los jueces de control.
Pedimos también una mayor transparencia que favorezca el trabajo que realizamos organizaciones sociales que visitamos los CIE, así como instamos a la Administración a la publicación de los datos relativos a la estancia y la ocupación de cada centro con carácter anual. Es necesario, asimismo, que las demás administraciones públicas regionales y locales se interesen por exigir el cumplimiento de los derechos humanos en CIE y por atender a aquellas personas que quedan en la calle tras pasar por estos centros.
Descarga el informe aquí: Informe CIE 2016